La Cámara amenaza a Obama por el interrogatorio de uigures chinos en Guantánamo
21 de julio de 2009
Andy Worthington
El jueves pasado, mientras la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses se
centraban sin descanso en la maratoniano prueba de resistencia que fue la vista de
confirmación de Sonia Sotomayor para el Corte Suprema, el Subcomité de
Organizaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión de la Comisión
de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes celebró
una vista para investigar por qué la administración Bush había permitido a
interrogadores chinos visitar Guantánamo para interrogar a los 22 reclusos
uigures de la prisión en 2002.
Aunque 13 de los uigures siguen recluidos en Guantánamo (cinco fueron liberados
en Albania en 2006 y cuatro
en las Bermudas el mes pasado), todos ellos -musulmanes de la provincia
china de Xinjiang que huyeron de la persecución en China- fueron
declarados "combatientes enemigos" por la administración Bush y
por los tribunales estadounidenses. Fueron vendidos al ejército estadounidense
por aldeanos paquistaníes oportunistas, tras huir de un asentamiento en ruinas
en las montañas afganas de Tora Bora, y nunca deberían haber sido detenidos en
primer lugar.
La audiencia del jueves incluyó algunos testimonios bastante contundentes sobre en qué consistieron
esos interrogatorios, sobre la complicidad del ejército estadounidense y de
altos funcionarios de Washington D.C., y, lo que es más inquietante, sobre las
motivaciones políticas de la visita, y dio lugar a preguntas del subcomité
sobre por qué los miembros del Congreso tienen prohibido reunirse con los presos
de Guantánamo cuando los agentes de inteligencia chinos no lo tenían, y a una
demostración de evasión por parte del portavoz del gobierno tan minuciosa que
uno de los miembros del comité amenazó con declararle "en desacato al
Congreso" y retirar la financiación a su departamento.
Associated Press informó de que, en una declaración escrita "en la que no se mencionaba
específicamente a los uigures" (PDF),
Jay Alan Liotta, director principal de la Oficina de Política de Detenidos del
Departamento de Defensa, afirmó que el Departamento de Defensa
"proporciona una custodia segura, humana, transparente y legal a cada
detenido" y que, cuando se permite el acceso de gobiernos extranjeros a un
prisionero, es "política de larga data del departamento que los
funcionarios extranjeros visitantes deben aceptar que acatarán todas las políticas,
normas y procedimientos del Departamento de Defensa".
Sin embargo, durante el interrogatorio, Liotta "remitió la mayoría de las preguntas, a veces
incrédulas, de los legisladores al Departamento de Justicia, o afirmó que la
respuesta que buscaban era un secreto nacional y no podía compartirse en una
audiencia pública" (como lo describió ABC News).
También intentó explicar dos puntos de vista contradictorios del Pentágono: por
un lado, dijo que "sin duda alguna, la principal razón para limitar el
acceso a los detenidos es velar por la seguridad personal" de quienes los
visitan -incluidos los políticos estadounidenses-, mientras que, por otro lado,
afirmó que la política del Pentágono también "se basa en el respeto de las
Convenciones de Ginebra", que "exigen que Estados Unidos proteja a
los detenidos de la 'curiosidad pública'".
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Esto enfureció a los miembros del subcomité. El representante Dana Rohrabacher
(R-Ca.), partidario desde hace tiempo de los uigures de Guantánamo, que criticó
a Newt Gingrich por promover el "alarmismo" sobre ellos en mayo,
estaba, como explicó ABC News, "visiblemente molesto por la aparente
decisión de la administración Obama de continuar con la política de la
administración Bush de prohibir las visitas de los detenidos a los
legisladores". Rohrabacher declaró: "Se me está negando -a todos
nosotros se nos está negando- el mismo acceso que se nos negó durante la pasada
administración". Tras referirse a George W. Bush como "un hombre
horrible, un presidente horrible". Rohrabacher añadió: "estas mismas
restricciones sobre nosotros están siendo reafirmadas en el testimonio de hoy
por esta administración."
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El representante Jim Moran (D-Va.) se mostró aún más molesto. En lo que se
describió como "una serie de preguntas retóricas", dijo:
"¿Permitieron que agentes de inteligencia de un país extranjero
interrogaran [a los detenidos uigures], pero están preocupados por su seguridad
y por eso no permiten que miembros del Congreso de Estados Unidos [los
visiten]?" y añadió: "Están preocupados por la 'curiosidad pública',
¿aparentemente están insinuando que los veríamos por alguna curiosidad pública?".
Cuando Liotta desviaba las preguntas al Departamento de Justicia, o afirmaba que no podía responder por
cuestiones de seguridad nacional, Moran se enfadaba aún más. "Mi
frustración sigue aumentando", dijo. "Para no responder a una
pregunta, se puede sugerir que se facilite en forma clasificada. Eso no es
aceptable. No hay clasificación de esa respuesta. Es una táctica manipuladora y
evasiva la que está empleando". Tal como lo describió ABC News, Moran
sugirió que Liotta "podría ser acusado de desacato al Congreso, amenazó
con recortar la financiación de la Oficina de Política sobre Detenidos a menos
que obtuviera respuestas satisfactorias, y dijo que pensaba que Liotta debería
ser despedido", y exclamó: "Ocupar dos horas de nuestro tiempo y no
responder directamente a ninguna de las preguntas pertinentes es un insulto
absoluto al Congreso de Estados Unidos."
Aunque el representante Bill Delahunt (demócrata de Ma.), presidente del subcomité, se mostró más
comprensivo con Liotta, explicando: "Comprendo que es un momento difícil
para usted", y añadiendo: "No dudo que ha recibido instrucciones...
Se encuentra en una situación muy incómoda", se trató de teatro
electrizante de un tipo importante. Sin embargo, no fue la única conmoción del
día. Los abogados de los uigures han sostenido durante mucho tiempo que sus
clientes eran peones en un juego diplomático, y en su testimonio, uno de los
abogados, Jason Pinney, explicó esta traición en términos crudos (PDF).
"Durante los últimos cuatro años, he formado parte de un equipo de Bingham McCutchen que ha
representado gratuitamente a once de los veintidós uigures de Guantánamo",
declaró Pinney. "Ninguno de estos hombres es combatiente enemigo, y nunca
ha habido justificación alguna para retenerlos. Trece uigures siguen hoy
encarcelados en Guantánamo. Permanecen allí porque ningún país -incluido el nuestro-
tiene el valor de enfrentarse a los chinos y ofrecerles refugio."
Como he explicado en numerosos artículos el año pasado, todo esto es cierto -y es suficientemente
inquietante por sí mismo, sobre todo en lo que respecta a la oposición actual a
reasentar a algunos de los hombres en Estados Unidos-, pero a medida que Pinney
continuaba, se hacía evidente una verdad aún más inquietante:
El problema, sin embargo, va mucho más allá de nuestra incapacidad para reasentar a estos hombres. Una mirada
objetiva a las pruebas revela que nuestro país encarceló a los uigures como
parte de un quid pro quo con China. China es uno de los cinco países del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 2002 y 2003, necesitábamos el
apoyo de China para invadir Irak. A cambio de la aquiescencia china en nuestros
planes de guerra, acordamos, entre otras cosas, etiquetar a los uigures como
terroristas y alojarlos en Guantánamo.
Es más, accedimos a proporcionar a los chinos un acceso especial y sin precedentes a los hombres uigures. En septiembre
de 2002, permitimos que una delegación del gobierno comunista chino viajara a
Guantánamo e interrogara a los uigures allí encarcelados. Los interrogatorios
duraron días. Nuestros clientes fueron obligados a permanecer en celdas, solos,
con los chinos. Ningún representante de Estados Unidos estuvo presente durante
estos interrogatorios. En la historia de nuestra república, no puedo pensar en
otro ejemplo en el que se invitara a un país comunista a interrogar, sin
supervisión, a prisioneros en un centro de detención de Estados Unidos.
En una cronología de acontecimientos, Jason Pinney explicó más claramente cómo se utilizó a los uigures. El 6 de diciembre
de 2001, por ejemplo, el Departamento de Estado se negó a designar al
Movimiento para la Independencia del Turkestán Oriental (el movimiento
separatista uigur, al que supuestamente pertenecían los uigures de Guantánamo)
como grupo terrorista. Sin embargo, el 26 de agosto de 2002, como lo describió
Pinney, "el vicesecretario de Estado estadounidense Richard Armitage [se
reunió] con altos funcionarios chinos en Pekín para hablar de la invasión de
Irak e inmediatamente anunció que [el ETIM] sería incluido en la lista de
organizaciones terroristas del Departamento de Estado". Un mes después,
los interrogadores chinos llegaron a Guantánamo.
Jason Pinney también destacó el doble rasero de la postura adoptada por la administración Bush y
mantenida por la administración Obama en las instrucciones dadas a Jay Alan Liotta:
A pesar de nuestros esfuerzos, no se ha permitido a nadie reunirse con nuestros clientes. A las Naciones Unidas se
les ha prohibido reunirse con los uigures. También lo han hecho varios grupos
de derechos humanos. A la prensa se le ha denegado el permiso para hablar con
los hombres o para publicar sus fotografías. Incluso a los miembros de esta
Subcomisión se les ha negado el acceso a los uigures, a pesar de la bendición
de los abogados. La respuesta ha sido siempre la misma. No se ha permitido
ningún contacto. ¿La excepción a esta regla? El gobierno comunista chino.
En otro artículo, reproduzco íntegramente
el testimonio de tres de los prisioneros uigures, que describen sus
interrogatorios por parte de los agentes chinos, pero lo que resulta
especialmente inquietante de su testimonio -más allá de las amenazas proferidas
por los agentes- es hasta qué punto ayudaron los militares estadounidenses,
"ablandando" a los hombres despertándolos sistemáticamente la noche
anterior a intervalos de 15 minutos (como explicaba el año pasado un informe
del Departamento de Justicia), encadenándolos en habitaciones dolorosamente
frías entre interrogatorios, manteniéndolos aislados entre cinco y 20 días
después de los interrogatorios y obligándoles físicamente a hacerse fotos
cuando se negaban a cooperar. Como explicó Ablikim Turahun, uno de los cuatro
hombres liberados en Bermudas el mes pasado:
Intentaron hacerme una foto, pero no accedí. Llamaron a soldados estadounidenses y les ordenaron que me sujetaran
para poder hacerme la foto. Los soldados me agarraron, tirándome de la barba,
presionándome la garganta, retorciéndome las manos a la espalda, y como
resultado me hicieron la foto a la fuerza.
Sin embargo, lo más inquietante de todo fue la traición a los datos personales de los uigures. Abu
Bakker Qassim, uno de los cinco uigures liberados en Albania en mayo de 2006,
explicó: "Cuando nos interrogaron por primera vez en la prisión de Kandahar,
dijimos a los estadounidenses que les contaríamos todo si mantenían la
confidencialidad de nuestros materiales. Prometieron no dar nuestros materiales
a los chinos, ni entregarnos a [los] chinos". En Guantánamo, sin embargo,
"cuando algunos detenidos uigures se negaron a dar sus nombres, los
interrogadores chinos dijeron que los estadounidenses de su confianza ya les
habían proporcionado sus fotos, nombres completos y direcciones."
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Qassim explicó que el peligro era que "ahora los chinos podrían oprimir aleatoriamente
a los miembros de nuestra familia", pero cuando "preguntó a los
interrogadores por qué habían entregado todo nuestro material a los chinos a
pesar de que habían prometido mantener la confidencialidad de nuestra
información", éstos "no se avergonzaron lo más mínimo. Se disculparon
diciendo que alguien en Washington entregó nuestros materiales a los chinos".
Como resultado de la audiencia, el subcomité se comprometió a seguir intentando que la
administración Bush rinda cuentas de sus actos. "Quiero saber quién tuvo
la culpa de esa decisión", dijo Dana Rohrabacher sobre los interrogatorios
chinos, y Bill Delahunt dejó claro (PDF)
que era la "intención del subcomité proporcionar un lugar, ya sea aquí en
Washington o en cualquier otro lugar, para que estos hombres -que han huido de
la persecución china- se presenten y testifiquen para que nuestros colegas y el
pueblo estadounidense puedan tener la oportunidad de escucharlos -de primera
mano- y hacer su propio juicio."
Delahunt seguía consternado por el hecho de que la petición del Comité de visitar a los uigures hubiera
sido denegada por el gobierno de Bush, y porque "nunca recibimos una
explicación satisfactoria de por qué se denegó nuestra visita", y su
respuesta a la única explicación que recibió, a través de una emisión de Fox
News en la que el Departamento de Defensa afirmaba que "ningún congresista
puede interrogar o preguntar a los detenidos porque no forma parte de sus
responsabilidades de supervisión", fue una afirmación inquebrantable de
los poderes del Congreso:
Permítanme abordar en primer lugar la cuestión de la responsabilidad de la supervisión. Quiero ser muy claro: no hubo
supervisión del Congreso durante la Administración Bush-Cheney. Sencillamente,
no existió. Como dijo el ex senador Chuck Hagel, la Administración Bush-Cheney
trató al Congreso "como una molestia constitucional". Rechazo
cualquier sugerencia de que el Ejecutivo pueda definir lo que constituye la
supervisión del Congreso. No es prerrogativa del Ejecutivo determinar el papel
del primer poder del Estado. Estoy seguro de que esta postura es compartida por
la mayoría, si no todos, los miembros del Congreso.
Delahunt también citó la esperanza de George Washington de que Estados Unidos "pueda convertirse en un asilo
seguro y agradable para la parte virtuosa y perseguida de la humanidad, sea
cual sea la nación a la que pertenezcan", y sostuvo que Estados Unidos
sigue teniendo la obligación de "conceder la libertad condicional y
reasentar en Estados Unidos al menos a algunos de los uigures de
Guantánamo". Anunció su intención de enviar próximamente una carta en este
sentido al Presidente Obama y al Secretario de Defensa, Robert Gates, y, en
conclusión, sólo me queda esperar que tenga éxito.
Aceptar en Estados Unidos a algunos de los uigures restantes, o a todos ellos, no sólo contribuiría a
animar a otros países a aceptar a los presos de Guantánamo liberados, sino que
también enviaría una clara señal de que Obama lamenta haber enviado a Jay Alan
Liotta a la audiencia de la Cámara de Representantes para ofrecer "un
insulto absoluto al Congreso de Estados Unidos" y, además, está decidido a
establecer sin lugar a dudas que repudia los terribles efectos de las políticas
de detención casi indiscriminada de la administración Bush en la "Guerra
contra el Terror".
Nota: Para consultar otros testimonios -de Bruce Fein, director de The Litchfield Group, y de Tom Parker,
director de Política, Lucha contra el Terrorismo y Derechos Humanos, Amnistía
Internacional EE.UU.- haga clic aquí.
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